The Supply of Judicial Labour: Optimising a Scarce Resource in Australia

Laburpena

Developed societies generate a multitude of controversies between their members, which need to be resolved fairly if society is to function well. Judicial officers play a central role in that process by hearing and determining disputes according to law, but they are costly and their long tenure entrenches labour market rigidities. This is an inconvenience for modern governments, as they attempt to keep the wheels of justice turning, while facing budgetary constraints that drive them to seek ever greater cost-efficiencies. This article surveys the ways in which governments in Australia have sought to optimise the judicial labour force by creating a more flexible and cost-effective supply. The system of justice that has evolved in response to these developments is a complex one, with many complementary parts. There is no unique solution to the question of how many judicial officers society needs to quell disputes because this goal can be achieved in different ways. But great care needs to be taken to ensure that government action to find flexible sources of labour to meet the demand for judicial dispute resolution does not come at too high a price in terms of respect for the rule of law.

Las sociedades desarrolladas generan multitud de polémicas entre sus miembros, y éstas deben ser solucionadas de forma justa para que la sociedad funcione bien. Los agentes judiciales desempeñan un papel esencial en ese proceso, dado que atienden y solucionan disputas de acuerdo con el derecho, pero son agentes costosos y sus largas permanencias en el puesto perpetúan la rigidez del mercado laboral. Ello es un inconveniente para los gobernantes actuales, que intentan asegurar que el ejercicio de la justicia siga su curso, al tiempo que se enfrentan a limitaciones presupuestarias que los empujan a buscar una eficiencia en relación a los costes cada vez mayor. Este artículo estudia las maneras en las que los gobiernos de Australia han procurado optimizar la fuerza de trabajo judicial mediante la creación de un suministro más flexible y más eficaz con respecto al coste. El sistema de justicia que ha evolucionado en respuesta a estos desarrollos es complejo, con muchas partes complementarias. No hay una única respuesta a la pregunta de cuántos agentes judiciales necesita la sociedad para mitigar disputas, porque este objetivo se puede conseguir de diferentes formas. Pero hace falta ser más prudentes para asegurar que la acción gubernamental centrada en encontrar fuentes de trabajo flexibles para satisfacer la demanda de resolución de disputas judiciales no implique un precio demasiado alto en términos de respeto al imperio de la ley.

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