The Limits of Marriage Protection: in Defence of Property Law
Palabras clave:
Family law, marriage, property, cohabitation, Derecho de familia, matrimonio, propiedad, cohabitaciónResumen
This article takes issue with three assumptions commonly present in recent English family law scholarship: that unmarried couples would be ‘better off’ married; that the property law principles that presently apply to cohabitants’ property arrangements are complex and confusing, not to say inadequate; and that cohabitants should instead be protected by a family law-style statutory regime such as that proposed by the Law Commission in 2007. It argues that both the legal explanations and the scaremongering tone of much of this scholarship have been unhelpful (and sometimes inaccurate) in misleading non-specialist lawyers, but also non-lawyers and the general public, as to the precise nature of the respective protections offered by property law and family law, and that the proposed solution is not the way to tackle the real problem, which is not the need to protect cohabitants, but how to tackle gendered inequality in relationships. Instead, it suggests that legal discussions should employ more accuracy and precision about the law in principle and a more critical approach to how it works in practice (especially considering recent developments in the family courts), and that better conveyancing practice and better public education would help to empower individuals to make informed decisions as to their property arrangements.
Este artículo rebate tres suposiciones presentes habitualmente en las investigaciones recientes sobre derecho de familia en Inglaterra: que las parejas no casadas estarían "mejor" casadas; que los principios del derecho de propiedad que se aplican actualmente a los acuerdos de propiedad de las personas que cohabitan son complejos y confusos, por no decir inadecuados; y que las personas que cohabitan deberían estar protegidas por un régimen estatutario similar al derecho de familia, como el propuesto por la Comisión de Derecho en 2007. Defiende que tanto las explicaciones legales como el tono alarmista de gran parte de las investigaciones han sido inútiles (ya veces inexactas), y han confundido sobre la naturaleza precisa de las protecciones ofrecidas respectivamente por el derecho de propiedad y el derecho de familia tanto a abogados no especializados, como a no abogados y al público en general. La solución propuesta no es cómo abordar el problema real, que no es la necesidad de proteger a las personas que cohabitan, sino cómo abordar la desigualdad de género en las relaciones. Por el contrario, sugiere que los debates legales en principio deben ser más exactos y precisos sobre el derecho y abordar de forma crítica cómo funciona en la práctica (especialmente teniendo en cuenta los recientes acontecimientos en los tribunales de familia), y que mejores prácticas en la transmisión de propiedades y una mejor educación pública ayudarían a capacitar a los individuos a tomar decisiones informadas sobre sus acuerdos de propiedad.
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