Zone Restrictions Orders in Canadian Courts and the Reproduction of Socio-Economic Inequality
Palabras clave:
Zone restriction orders, spatial tactics, court management of public spaces, socio-economic inequality, criminalization of poverty, criminalization of dissent, Órdenes de restricción de zona, tácticas espaciales, gestión del espacio público por parte de lResumen
While State and local governments have long turned to legal norms, such as vagrancy ordinances and anti-panhandling by-laws, and relied on displacement strategies ranging from orders to disperse and forced removals to control disorderly behavior in public spaces, the ways in which courts and legal actors working within the criminal justice system contribute to the monitoring of public spaces have almost completely gone unnoticed. This paper focuses on one court-imposed spatial tactic, namely zone restriction or "no go" orders. We suggest that despite the fact that these court orders rely on preventative discourses and pursue rehabilitative objectives, they may ultimately have punitive effects on the public poor and political demonstrators and contribute to creating and reproducing socio-economic inequality by creating obstacles for their reintegration, encouraging recidivism, putting the safety of individuals at risk and by neutralizing those who challenge the social and political order in various ways. Ultimately, these orders raise some concerns with respect to the rule of law since they are rarely challenged and generally appear to be shielded from review.
Mientras que estados y gobiernos locales han vuelto a normas legales como la ley de vagos y maleantes, y basan sus estrategias en el desplazamiento, mediante órdenes de dispersión y traslados forzosos para controlar el comportamiento desordenado en los espacios públicos, ha pasado prácticamente desapercibida la forma en la que tribunales y agentes jurídicos trabajan dentro del sistema de justicia penal para contribuir a la vigilancia de los espacios públicos. Este artículo se centra en una táctica espacial impuesta por un tribunal, concretamente la restricción de zona o pedidos "intangibles". Se sugiere que, a pesar de que estas órdenes judiciales se basan en discursos preventivos y persiguen objetivos de rehabilitación, en última instancia pueden tener efectos punitivos sobre el público pobre y los manifestantes políticos. También puede contribuir a la creación y reproducción de una desigualdad socio-económica mediante la creación de obstáculos para la reintegración, fomentando la reincidencia, poniendo en riesgo la seguridad de las personas y neutralizando a aquellos que desafíen el orden social y político de diversas maneras. Finalmente, estas órdenes plantean algunas preocupaciones relacionadas con el estado de derecho ya que rara vez se cuestionan y en general parecen estar a salvo de cualquier revisión.
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